La segunda muerte de Ernest Lluch

El 21 de enero de 2012 Ernest Lluch, asesinado por ETA el 21 de noviembre del 2000, hubiera cumplido 75 años. Unos meses atrás publiqué este artículo: 

Este mes de abril se cumple el 25 aniversario de la Ley General de Sanidad impulsada por el ministro Ernest Lluch en el primer gobierno socialista de Felipe González. Fue la norma más importante en la materia de la democracia española, un hecho diferencial respecto al pasado. La nueva ley garantizaba a todos los ciudadanos el derecho de acceso de forma igualitaria a una sanidad pública moderna y de calidad, convertida
en sector puntero y también en importante motor económico. 

La universalización de la asistencia sanitaria pública supuso la incorporación de siete millones de personas al Sistema Nacional de Sanidad que hasta entonces permanecían excluidas, así como pasar de 4’3 a 5’5 % del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a este objetivo modernizador. Representaba una contribución decisiva del nuevo estado democrático a la calidad de vida y la cohesión social, en la línea de lo que el resto de países de Europa occidental ya disponía desde décadas atrás. 

Es precisamente en épocas de crisis económica y recortes como la actual cuando más necesario resulta garantizar determinados mecanismos compensatorios de cohesión social, para evitar que paguen la situación quienes menos medios y menos responsabilidad tienen. La crisis no puede convertirse en una excusa para recortar derechos sociales básicos, pero se está convirtiendo en ello de forma declarada.
 Cuando el consejero de Sanidad del actual gobierno de la Generalitat recomienda públicamente a los ciudadanos que se apunten si pueden a una mutua privada, descalifica la esencia misma de su función, con el único mérito de enseñar las cartas de su opción política en cuanto al servicio público que él debería representar, encabezar y defender. 

Nadie pretende que el modelo social europeo de estado del bienestar sea intocable. Sin duda es preciso reformarlo en función de numerosas condiciones sociológicas que han cambiado. Eso significa ponerlo al día para asegurarle un futuro viable, no para mutilarlo con recortes generales en detrimento de la mayoría de ciudadanos. 

Los principales países industrializados del mundo han rescatado durante los últimos tres años con ayudas públicas de miles de millones de euros al sistema financiero privado, responsable directo de la actual crisis económica. Lo han hecho con la piadosa intención de que los bancos puedan cumplir de nuevo la función primordial de financiar la actividad económica general, no solo asegurar el mantenimiento de sus beneficios. 

Exactamente por la misma razón, no es menos primordial la función que cubre el sistema sanitario público (igual que el educativo, los transportes o las pensiones básicas), sin embargo le imponen reducciones draconianas de prestaciones en vez de inyectarle ayudas similares a las concedidas al sistema financiero privado para facilitarle una nueva viabilidad. No es más importante salvar a un banco privado que a un hospital público, una escuela, una línea ferroviaria o un sistema de pensiones mínimas, pero de momento el primer sector citado se ha llevado las ayudas públicas i todos los demás los recortes. 

Anunciar la pérdida de derechos de los usuarios de la sanidad pública es como una segunda muerte de Ernest Lluch en el momento del 25 aniversario de la Ley General de Sanidad que él defendió con una determinada visión política del papel del sector público en un estado democrático moderno. No es la misma visión política que la del actual gobierno.

Público, 20-4-2011