La rapidez contrita con que el primer fabricante mundial de coches y símbolo de la legendaria eficacia técnica alemana ha asumido haber hecho trampas con el sistema de medida de emisiones contaminantes instalado en sus vehículos pretende encubrir otro escándalo más general: todo el sistema industrial del mundo hace la misma trampa, con la complicidad de gobiernos y autoridades reguladoras. La lucha contra la contaminación atmosférica, contra la polución urbana derivada primordialmente de las emanaciones industriales y automovilísticas, se ha convertido durante
las últimas décadas en un fracaso sin paliativos, a pesar de todos los reconocimientos oficiales de la gravedad que supone para la salud pública.
las últimas décadas en un fracaso sin paliativos, a pesar de todos los reconocimientos oficiales de la gravedad que supone para la salud pública.
Todo el mundo se ha saltado a la torera las normativas, digan lo que digan las pomposas cumbres mundiales sobre el clima que organizan periódicamente los principales contaminadores. Las energías renovables y el ahorro energético han avanzado menos que las tortugas, también en vías de extinción tan lenta y gradual que acaba por parecer asumible, pese a las alertas científicas reiteradas. Nadie se ha tomado en serio hasta ahora la amenaza medioambiental, el Protocolo de Kyoto se ha convertido en el hazmerreír del mundo, el ecologismo se ha pretendido circunscribir como una cuestión de cuatro hippies.
El caso de Volkswagen no deja de ser un pecado venial con el que los fariseos se rasgan ahora las vestiduras, comparable al de las quiebras bancarias y financieras consideradas como desviaciones simplemente ocasionales. Las regulaciones legales existen y no han impedido los fraudes sistemáticos, los han encubierto.
Todos sabemos de forma reconocida que la contaminación atmosférica es la primera causa medioambiental de muertes prematuras. Provoca cerca de medio millón de víctimas mortales al año en la Unió Europea, diez veces más que los accidentes de circulación, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). El mismo organismo estima que el 90 % de la población urbana de la Unión Europea respira aire perjudicial para la salud.
La Comisión Europea ha mandado de nuevo en julio de 2015 al gobierno español una carta para recordarle que durante los años analizados, de 2010 a 2015, la polución ambiental en Madrid y Barcelona sigue superando los límites permitidos por la directiva europea en la materia, en particular en lo referente al dióxido de nitrógeno derivado del tránsito, pese haber dispuesto de al menos diez años para prepararse antes de su aplicación.
El gobierno de la Generalitat sigue sin elaborar el obligatorio plan de mejora de calidad del aire, destinado cumplir los requisitos europeos. La Unión Europea ha rechazado la demanda de prórroga del anterior, aprobado por el gobierno tripartito en 2007 y ya expirado (nunca mejor dicho).
La Comisión Europea ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona, entre otras ciudades de los países miembros, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo por los incumplimientos en valores límite de contaminación ambiental los años 2005 y 2006, igual como ha seguido haciéndolo en los siguientes. Pero resulta más fácil pagar las multas correspondientes que habilitar un plan eficaz de reducción de las emisiones de los vehículos.
La empresa Wolkswagen contratará al mejor despacho de abogados del mundo y el caso languidecerá indefinidamente, sepultado por una montaña de declaraciones y propósitos de enmienda. La situación me ha hecho recordar una frase que copié de las memorias del ex presidente Jordi Pujol, textual, escrita negro sobre blanco: “La política o tiene un fundamento ético o es un simple mercadeo de gente espabilada”.
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